En el año 2000 se constituyeron las mesas de Diálogo Departamental y Nacional para tratar la condonación de la deuda externa de Bolivia. Este proceso permitió un Diálogo entre gobernantes y gobernados para definir el destino y los criterios de distribución de los recursos condonados, denominados HIPCI y HIPCII.
A partir de lo propuesto ese año, en 2001 la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, organizada en Comités de Vigilancia, convocó a una primera asamblea con el objetivo de conformar la Asociación de Comités de Vigilancia del Departamento de Santa Cruz. En dicho espacio se definieron objetivos y fines para la Asociación, los mismos que fueron: constituir la organización, formalizar los estatutos y reglamentos de los Comités de Vigilancia de los distintos Municipios del Departamento Santa Cruz y, consolidar el nombre de ACOVICRUZ.
De esta forma, el 2002 se reorganizó el directorio y, por medio de una alianza estratégica con la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), se estableció la primera oficina para el funcionamiento formal de ACOVICRUZ.
Es entre los años 2002 y 2003 que ACOVICRUZ, con el apoyo financiero del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), desarrolló actividades aprovechando el contexto favorable para la demanda social relacionada al fortalecimiento de la Participación y Control Social, orientado a transparentar la gestión pública, pese a la conflictividad político-partidaria que existía en algunos municipios. Como resultado de la continuidad institucional, en 2003 ACOVICRUZ obtiene su Personería Jurídica y para el 2004, el Directorio designa como primer director ejecutivo al señor Isaías Rojas Jaimes.
Continuando con el caminar institucional, entre los años 2004 y 2006, ACOVICRUZ, con el apoyo de la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo (MISEREOR), elaboró un autodiagnóstico sobre el estado de los Comités de Vigilancia en el Departamento. Este documento fue la base fundamental para la propuesta de constitucionalización de la Participación y Control Social en la Asamblea Constituyente del 2007.
Es justamente en el año 2006 que el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo (D.S.) 28500, mismo que determinaba que los recursos económicos para los Comités de Vigilancia sean administrados y rendidos al Ejecutivo Municipal. ACOVICRUZ, en el marco de un taller de socialización departamental de dicho decreto, logra que los Comités de Vigilancia se pronuncien en rechazo al Decreto y que se desarrollen espacios participativos que tengan como resultado el presentar una propuesta desde los mismos actores sociales al Gobierno Nacional para la administración y descargo de dichos recursos. Es en noviembre de 2006 que el D.S. 28966, en el marco de normar el uso y manejo de los recursos por parte de los Comités de Vigilancia, contempló la propuesta hecha por los actores sociales, estableciéndose la transferencia directa de recursos a una cuenta financiera administrada por cada Comité de Vigilancia.
Desarrolladas estas acciones, y retomando el proceso histórico de la Asamblea Constituyente, en este espacio de organización social se establecieron alianzas con otras asociaciones departamentales que también desarrollaban acciones con los Comités de Vigilancia: la Federación de Asociaciones de Comités de Vigilancia de Bolivia (FACOVBOL), la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) y el Bloque Oriente. Además, se contó con el apoyo técnico de Pilar Valencia, jurista internacional, quien colaboró con la redacción de la iniciativa y propuesta de los Arts. 241 y 242 de la Constitución Política del Estado en vigencia.
En este proceso, el Sr. Paulo Rojas, ex Comité de Vigilancia, fue un actor clave pues ocupaba la Vicepresidencia de la Comisión de Constitución en la Asamblea Constituyente. En paralelo a la labor de la Asamblea Constituyente, existía una comisión de apoyo en Santa Cruz constituida por los Comités de Vigilancia, presidida por Isaías Rojas y ACOVICRUZ, la cual se trasladaba a Sucre en momentos clave para la incidencia política.
Se podría resumir lo anterior en que, en el marco del segundo proyecto apoyado por MISEREOR entre el año 2007-2009, las acciones de incidencia lograron constitucionalizar la Participación y el Control Social en la Carta Magna con la inserción del Título 7, Capítulo 1ro, con dos artículos 241 y 242, como ya se relataba.
Por las razones y acciones expuestas, ACOVICRUZ planteó un tercer proyecto a MISEREOR, para el trienio 2010-2012, en el que se buscaba establecer garantías constitucionales en el marco de las actualizaciones normativas, de forma que no afecten el ejercicio de la participación y control social hacia todos los niveles de gobierno. ACOVICRUZ mantuvo su independencia y líneas de trabajo a pesar de un contexto de polarización política y nuevos escenarios de conflictividad que resultaron de pugnas entre las gobernaciones y el gobierno nacional.
Por lo descrito antes, el accionar de ACOVICRUZ, en el año 2010, se orientó a la incidencia sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de Participación y Control Social. Durante el 2011, ACOVICRUZ diseñó y aplicó el Índice de Transparencia Municipal del Departamento de Santa Cruz, con el objetivo de contribuir en la transparencia de la gestión municipal. De los 56 municipios, solo el 44,6% era percibido por su ciudadanía como municipio participativo, mientras que en el 55,4% de los restantes, la ciudadanía encontraba que su participación era insatisfecha.
Desde el año 2013, ACOVICRUZ centró sus acciones en torno a la Ley de Participación y Control Social (PyCS). En este proceso se realizaron acciones de incidencia directamente con la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea Plurinacional, logrando cambiar el texto que pretendía anular toda forma de representación territorial, tomando solo en cuenta las organizaciones de los movimientos sociales afines al gobierno nacional vigente en ese entonces. Es a partir de la promulgación de la Ley 341 de PyCS que ACOVICRUZ orientó sus acciones para acompañar procesos de iniciativas legislativas municipales en el marco de la autonomía, garantizando así la participación y control en las leyes municipales. Un cambio importante a partir de la Ley 341 es que los Comités de Vigilancia cambian su denominación a Controles Sociales.
En el periodo de 2016 a 2018, en un encuentro departamental de actores de PyCS, se determinó que ACOVICRUZ sea la instancia de representación de los Controles Sociales en el Departamento de Santa Cruz, manteniendo su sigla. En la asamblea de 2018 se eligió al primer Directorio de la “Asociación de Participación y Control Social de Santa Cruz, ACOVICRUZ”, dándole el mandato de la readecuación del Estatuto y Reglamento al nuevo marco jurídico, como también la actualización de la Personería Jurídica.
El hito de dicha Asamblea plantea el desafío de apoyar la reestructuración de los controles sociales a el nivel municipal, así como acompañar a dichos actores en la incidencia dentro de las leyes de participación y control social en cada municipio y, finalmente, orientar el control a la integralidad de los recursos públicos: recursos materiales, económicos, humanos y naturales.
En este sentido, ACOVICRUZ emprendió procesos novedosos en el ámbito comunicacional y de herramientas de PyCS, buscando la aplicación de la normativa e implementando las siguientes acciones de incidencia:
Se pone en funcionamiento redes sociales y otros mecanismos de difusión virtual, como Facebook y YouTube.
La Sociedad Organizada de los municipios de San José, San Rafael, San Miguel y San Ignacio, con el impulso orgánico de los Controles Sociales, constituyen la primera instancia de PyCS Circunstancial para realizar el seguimiento a la construcción del proyecto carretero que unirá a las 4 poblaciones. ACOVICRUZ junto a los Controles Sociales tuvieron un papel importante en el control a la inversión pública nacional de esta obra.
Las organizaciones de jóvenes en los Municipios de la Chiquitania logran, a partir de alianzas estratégicas con las instancias de PyCS, incidir en la aprobación de sus iniciativas legislativas en Leyes de Juventudes Municipales.
De la misma manera, y desde un intento de puntualizar cronológicamente, el año 2019 estuvo marcado por conflictos sociales, políticos y ambientales. Los actores de PyCS se involucraron en los COEMs (Comités de Emergencia Municipal) para gestionar políticas y acciones que ayuden a reducir los incendios forestales.
El 2020 y 2021 la situación estuvo marcada por la crisis mundial de salud (COVID-19), en la que los Gobiernos Nacional y locales establecieron políticas de cuarentena, aplicándose restricciones en el país desde marzo 2020. En este contexto, ACOVICRUZ rápidamente adopta su trabajo virtual, primero internamente con el equipo técnico y luego con los asociados, grupos de jóvenes y mujeres organizados, por medio de la aplicación ZOOM.
Pese a esta situación adversa, el año 2021, habiendo logrado el incremento de Controles Sociales activos y la reestructuración de los Controles Sociales, ACOVICRUZ plantea un proyecto de continuidad a MISEREOR, con el objetivo de colaborar en la consolidación jurídica y articuladora de instancias de PyCS con los grupos de jóvenes y mujeres, apoyando en la incidencia pública en normativas, la inclusión de estos sectores en los Directorios de PyCS, el Control Social Circunstancial como con enfoque ambiental de protección a los Recursos Naturales. Entre los años 2023 y 2024, ACOVICRUZ realizó al menos 6 encuentros con actores sociales y el Directorio para trabajar en el diagnóstico, evaluación y diseño estratégico de la institución, obteniéndose como resultado el presente Plan Estratégico Institucional 2025-2030.
Historia de ACOVICRUZ
En el año 2000 se constituyeron las mesas de Diálogo Departamental y Nacional para tratar la condonación de la deuda externa de Bolivia. Este proceso permitió un Diálogo entre gobernantes y gobernados para definir el destino y los criterios de distribución de los recursos condonados, denominados HIPCI y HIPCII.
A partir de lo propuesto ese año, en 2001 la sociedad civil del departamento de Santa Cruz, organizada en Comités de Vigilancia, convocó a una primera asamblea con el objetivo de conformar la Asociación de Comités de Vigilancia del Departamento de Santa Cruz. En dicho espacio se definieron objetivos y fines para la Asociación, los mismos que fueron: constituir la organización, formalizar los estatutos y reglamentos de los Comités de Vigilancia de los distintos Municipios del Departamento Santa Cruz y, consolidar el nombre de ACOVICRUZ.
De esta forma, el 2002 se reorganizó el directorio y, por medio de una alianza estratégica con la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), se estableció la primera oficina para el funcionamiento formal de ACOVICRUZ.
Es entre los años 2002 y 2003 que ACOVICRUZ, con el apoyo financiero del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), desarrolló actividades aprovechando el contexto favorable para la demanda social relacionada al fortalecimiento de la Participación y Control Social, orientado a transparentar la gestión pública, pese a la conflictividad político-partidaria que existía en algunos municipios. Como resultado de la continuidad institucional, en 2003 ACOVICRUZ obtiene su Personería Jurídica y para el 2004, el Directorio designa como primer director ejecutivo al señor Isaías Rojas Jaimes.
Continuando con el caminar institucional, entre los años 2004 y 2006, ACOVICRUZ, con el apoyo de la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo (MISEREOR), elaboró un autodiagnóstico sobre el estado de los Comités de Vigilancia en el Departamento. Este documento fue la base fundamental para la propuesta de constitucionalización de la Participación y Control Social en la Asamblea Constituyente del 2007.
Es justamente en el año 2006 que el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo (D.S.) 28500, mismo que determinaba que los recursos económicos para los Comités de Vigilancia sean administrados y rendidos al Ejecutivo Municipal. ACOVICRUZ, en el marco de un taller de socialización departamental de dicho decreto, logra que los Comités de Vigilancia se pronuncien en rechazo al Decreto y que se desarrollen espacios participativos que tengan como resultado el presentar una propuesta desde los mismos actores sociales al Gobierno Nacional para la administración y descargo de dichos recursos. Es en noviembre de 2006 que el D.S. 28966, en el marco de normar el uso y manejo de los recursos por parte de los Comités de Vigilancia, contempló la propuesta hecha por los actores sociales, estableciéndose la transferencia directa de recursos a una cuenta financiera administrada por cada Comité de Vigilancia.
Desarrolladas estas acciones, y retomando el proceso histórico de la Asamblea Constituyente, en este espacio de organización social se establecieron alianzas con otras asociaciones departamentales que también desarrollaban acciones con los Comités de Vigilancia: la Federación de Asociaciones de Comités de Vigilancia de Bolivia (FACOVBOL), la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) y el Bloque Oriente. Además, se contó con el apoyo técnico de Pilar Valencia, jurista internacional, quien colaboró con la redacción de la iniciativa y propuesta de los Arts. 241 y 242 de la Constitución Política del Estado en vigencia.
En este proceso, el Sr. Paulo Rojas, ex Comité de Vigilancia, fue un actor clave pues ocupaba la Vicepresidencia de la Comisión de Constitución en la Asamblea Constituyente. En paralelo a la labor de la Asamblea Constituyente, existía una comisión de apoyo en Santa Cruz constituida por los Comités de Vigilancia, presidida por Isaías Rojas y ACOVICRUZ, la cual se trasladaba a Sucre en momentos clave para la incidencia política.
Se podría resumir lo anterior en que, en el marco del segundo proyecto apoyado por MISEREOR entre el año 2007-2009, las acciones de incidencia lograron constitucionalizar la Participación y el Control Social en la Carta Magna con la inserción del Título 7, Capítulo 1ro, con dos artículos 241 y 242, como ya se relataba.
Por las razones y acciones expuestas, ACOVICRUZ planteó un tercer proyecto a MISEREOR, para el trienio 2010-2012, en el que se buscaba establecer garantías constitucionales en el marco de las actualizaciones normativas, de forma que no afecten el ejercicio de la participación y control social hacia todos los niveles de gobierno. ACOVICRUZ mantuvo su independencia y líneas de trabajo a pesar de un contexto de polarización política y nuevos escenarios de conflictividad que resultaron de pugnas entre las gobernaciones y el gobierno nacional.
Por lo descrito antes, el accionar de ACOVICRUZ, en el año 2010, se orientó a la incidencia sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de Participación y Control Social. Durante el 2011, ACOVICRUZ diseñó y aplicó el Índice de Transparencia Municipal del Departamento de Santa Cruz, con el objetivo de contribuir en la transparencia de la gestión municipal. De los 56 municipios, solo el 44,6% era percibido por su ciudadanía como municipio participativo, mientras que en el 55,4% de los restantes, la ciudadanía encontraba que su participación era insatisfecha.
Desde el año 2013, ACOVICRUZ centró sus acciones en torno a la Ley de Participación y Control Social (PyCS). En este proceso se realizaron acciones de incidencia directamente con la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea Plurinacional, logrando cambiar el texto que pretendía anular toda forma de representación territorial, tomando solo en cuenta las organizaciones de los movimientos sociales afines al gobierno nacional vigente en ese entonces. Es a partir de la promulgación de la Ley 341 de PyCS que ACOVICRUZ orientó sus acciones para acompañar procesos de iniciativas legislativas municipales en el marco de la autonomía, garantizando así la participación y control en las leyes municipales. Un cambio importante a partir de la Ley 341 es que los Comités de Vigilancia cambian su denominación a Controles Sociales.
En el periodo de 2016 a 2018, en un encuentro departamental de actores de PyCS, se determinó que ACOVICRUZ sea la instancia de representación de los Controles Sociales en el Departamento de Santa Cruz, manteniendo su sigla. En la asamblea de 2018 se eligió al primer Directorio de la “Asociación de Participación y Control Social de Santa Cruz, ACOVICRUZ”, dándole el mandato de la readecuación del Estatuto y Reglamento al nuevo marco jurídico, como también la actualización de la Personería Jurídica.
El hito de dicha Asamblea plantea el desafío de apoyar la reestructuración de los controles sociales a el nivel municipal, así como acompañar a dichos actores en la incidencia dentro de las leyes de participación y control social en cada municipio y, finalmente, orientar el control a la integralidad de los recursos públicos: recursos materiales, económicos, humanos y naturales.
En este sentido, ACOVICRUZ emprendió procesos novedosos en el ámbito comunicacional y de herramientas de PyCS, buscando la aplicación de la normativa e implementando las siguientes acciones de incidencia:
De la misma manera, y desde un intento de puntualizar cronológicamente, el año 2019 estuvo marcado por conflictos sociales, políticos y ambientales. Los actores de PyCS se involucraron en los COEMs (Comités de Emergencia Municipal) para gestionar políticas y acciones que ayuden a reducir los incendios forestales.
El 2020 y 2021 la situación estuvo marcada por la crisis mundial de salud (COVID-19), en la que los Gobiernos Nacional y locales establecieron políticas de cuarentena, aplicándose restricciones en el país desde marzo 2020. En este contexto, ACOVICRUZ rápidamente adopta su trabajo virtual, primero internamente con el equipo técnico y luego con los asociados, grupos de jóvenes y mujeres organizados, por medio de la aplicación ZOOM.
Pese a esta situación adversa, el año 2021, habiendo logrado el incremento de Controles Sociales activos y la reestructuración de los Controles Sociales, ACOVICRUZ plantea un proyecto de continuidad a MISEREOR, con el objetivo de colaborar en la consolidación jurídica y articuladora de instancias de PyCS con los grupos de jóvenes y mujeres, apoyando en la incidencia pública en normativas, la inclusión de estos sectores en los Directorios de PyCS, el Control Social Circunstancial como con enfoque ambiental de protección a los Recursos Naturales. Entre los años 2023 y 2024, ACOVICRUZ realizó al menos 6 encuentros con actores sociales y el Directorio para trabajar en el diagnóstico, evaluación y diseño estratégico de la institución, obteniéndose como resultado el presente Plan Estratégico Institucional 2025-2030.
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